El fiscal a cargo de un caso de un joven desaparecido en el puerto de Veracruz presuntamente atendió a la madre de la víctima dos años después de que presentara la denuncia, de acuerdo con la recomendación 093 emitida en 2022 por la por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Fiscalía General del estado, la cual rechazó aceptar.

En la recomendación 093 se advierte que el 1 de junio de 2015 desapareció un hombre en el puerto de Veracruz y tras dos años de que su madre lo buscó por cuenta propia se presentó la denuncia el 3 de marzo de 2017; desde entonces pasaron dos años para que el fiscal a cargo del caso la atendiera, 3el 28 de mayo de 2019.

“Mi hijo se dirigía a ver su novia, iba en la calle Vergel, por vías Yáñez en la ciudad de Veracruz, cuando lo levantaron en una camioneta blanco y un coche blanco”, dijo al señalar que fue perseguido por personas armadas, quienes lo subieron por la fuerza a un vehículo.

La madre señaló que no denunció la desaparición de inmediato por el temor que sentía y se dedicó directamente a buscar a su hijo. No obstante, refirió que, una vez presentada la denuncia, la comunicación con la Fiscal que tenía a cargo la investigación fue complicada, pues no la atendía ni le informaba los avances y no le entregó una copia completa de la indagatoria.

La CEDH detalló que la madre del hombre desparecido fue atendida hasta el 28 de mayo de 2019; es decir, no consta que durante los primeros dos años de investigación la Fiscalía haya atendido a la denunciante o le hubiera proporcionado información sobre los avances de la investigación. Y advirtió que la FGE ha realizado algunas acciones para dar con el paradero de la víctima, pero no para investigar las causas, motivos o probables responsables de su desaparición, en correspondencia con la obligación que tiene encomendada para investigar los delitos, recolectar pruebas y formular imputaciones.

La recomendación para la Fiscalía fue iniciar a la brevedad y de forma diligente, un procedimiento disciplinario y/o administrativo para determinar el alcance de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en las violaciones de derechos humanos demostradas en la presente Recomendación.

Y dar vista a su órgano interno de control para que inicie, a la brevedad y de forma diligente, un procedimiento disciplinario y/o administrativo para determinar el alcance de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurrieron en las violaciones de derechos humanos demostradas en la presente Recomendación. Dicho procedimiento deberá resolver lo que en derecho corresponda en un plazo razonable. Sin embargo, cabe destacar que todas las recomendaciones antes señaladas fueron rechazadas por la Fiscalía General de Veracruz.