Por: Mussio Cárdenas Arellano
Duarte y Cuitláhuac van de la mano. Alineados, arrollan al yunismo azul, cercan al fiscal Winckler, lo tumban. Juntos lo persiguen. Y tejen la red legaloide —los hedores del Congreso, el asalto a la Fiscalía, la orden de aprehensión— con la que, si pueden, lo van a atrapar.
Es un idilio político. Javier Duarte y Cuitláhuac García, uno por su libertad y la venganza, otro por cumplir el acuerdo, pagar los votos, llevar a Yunes, sus hijos, su equipo cercano, a prisión.
Al fiscal Jorge Winckler lo asedian desde el primer día. Primero los juicios políticos que no cuajaron, hoy la persecución por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, y a su brazo derecho en el área de desapariciones forzadas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, por tortura.
Tras las rejas, el Guasón —mitad bufón, mitad delincuente— festina las piruetas del gobernador de Veracruz, su encomienda por desmantelar el aparato yunista, el golpe al fiscal; la infiltración, vía Joaquín Guzmán, atizando el conflicto por el control del PAN, provocando fracturas, el divorcio del panismo con un sector de la sociedad que ante la ausencia de oposición volverá la mirada al PRI.
A Winckler lo cercan con una denuncia frágil: Francisco Zárate Aviña, ex escolta de Luis Ángel Bravo Contreras, el fiscal del duartismo, acusó un interrogatorio incisivo, la insistencia a que revelara el paradero de su ex patrón, la negativa a dejarlo ir y las horas retenido.
Esa patraña usada para enfocarle a Winckler un juicio político en el Congreso de Veracruz que reventó por la incapacidad del líder de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, a reunir 34 de 50 votos de los legisladores y así acreditar mayoría calificada.
Winckler acreditó lo insustentable de la acusación. En diligencia instruida por el juez federal, Jesús Arturo, Cuéllar Díaz, se estableció que el secuestro nunca existió. La sentencia del juez —juicio de amparo 421/2018— así lo plantea:
“… toda vez que en la primera, realizada a las cero horas con cincuenta y nueve minutos, la actuaria judicial adscrita, asentó las manifestaciones del quejoso en el sentido que no había sido objeto de tortura ni maltrato, asimismo, hizo constar que se encontraba en buen estado físico, sin golpes y en una oficina de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad”.
Más adelante señala:
“En la segunda, llevada a cabo a las once horas con cinco minutos del mismo día, se advierte que el quejoso no se encontraba privado de su libertad, pues dicha diligencia se atendió con el directo quejoso en su domicilio”.
El mismo abogado de Francisco Zárate confirmó que su cliente se había presentado a declarar y no había sido ni detenido. Por ello, el 3 de julio de 2018, el juicio de amparo fue sobreseído.
Winckler mismo, en carta difundida en redes, ya en calidad de prófugo, rechaza la imputación:
“La noche en que supuestamente se encontraba ‘secuestrado’ el denunciante, un actuario logró certificar en un documento que incluso tiene la firma de la supuesta víctima, que no se encontraba detenido, ni privado de su libertad, y que señaló no haber sido objeto de tortura ni de maltrato”.
En tal situación —agrega Winckler Ortiz— se determinó “un no ejercicio de la acción penal con relación a los hechos”. La orden de aprehensión no sería legal.
Al fiscal para Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, le imputan la tortura con música del cantante Maluma, aplicada al ex director de Servicios Periciales del duartismo, Gilberto “A” mientras estuvo recluido en el penal de Pacho Viejo. Presuntamente ingresó una noche sin que los sistemas de seguridad lo hubieran registrado.
Esa y otras patrañas les son imputadas al ex maestro de Winckler y aún fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, así como a dos elementos de la Policía Ministerial.
Quien gira la orden de aprehensión es el juez Luis Roberto Juárez, mano laxa con duartistas, siervo de la pandilla del ex gobernador, a varios de los cuales les concedió libertad.
Tácitamente la orden de aprehensión contra Winckler no sería legal, pero ahí entra al lodo el mismo fiscal general de la República, Alejandro Gertz, con dos órdenes de captura gestionadas ante jueces federales, según delación del círculo cercano al gobernador Cuitláhuac García.
¿Qué llevó a darle el golpe final a Winckler?
Tarde o temprano, el fiscal volvería al cargo. Un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 17 diputados —13 panistas, la fracción de Gonzalo Guízar y el priista, hoy independiente, Juan Carlos Molina— motivaría que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciera que la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz carecía de facultades para la destitución.
Dice la Constitución que el Congreso —no la Comisión Permanente— tiene atribuciones para designar o relevar del cargo al fiscal en turno. El mecanismo es el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. O sea, 34 votos. Morena no los tiene (Ver columna de Marco Antonio Aguirre: https://bit.ly/2kTzdtA).
Y seguir la ruta de los juicios políticos contra Winckler es de entrada un fracaso anunciado. Tampoco ahí Morena y sus satélites tienen mayoría calificada, los referidos 34 votos.
Si el PAN viene de un proceso interno convulso, atropellado y tenso, el caso Winckler marcó una tregua. Con los votos de los cuatro aliados de Joaquín Guzmán alineados al bloque yunista, la suerte de Cuitláhuac luce adversa. Ninguno de los recursos legales permitiría deponer a Winckler.
No quedó más que soltar la maquinaria como en tiempos del viejo PRI.
Y volvió al ruedo la nueva mafia del poder: Andrés Manuel, el agitador; Cuitláhuac, el inútil; Gertz, el puro; Cazarín, Pozos y el Congreso de Veracruz, los que atropellan la ley que debieran defender.
Winckler tiene un problema serio. La prueba clave para acreditar que Javier Duarte, vía su secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, desvió 200 millones de pesos destinados a la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, no existe.
Un peritaje determinó que los oficios remitidos por Audirac a Francisco Valencia, ex titular de la CAEV, no constan en el libro de registros de la dependencia. Sus números son SFP/1347/2014 y SFP/1750/2014, con los que se daría orden de transferir fondos federales a cuentas diversas y su retorno. Sin embargo, el libro de registros de ese año sólo llega al número SFP/1634/2014.
Ambos oficios “son falsos”, dice el abogado de Duarte, Ricardo Reyes Retana, según reportaje de Arturo Ángel en Animal Político (https://bit.ly/2mxApDv).
Duarte ya se siente impune. Es el reo privilegiado de la Cuarteada Transformación. Habla desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, emite mensajes en Twitter, concede entrevistas a medios de comunicación. Es un representante moral de Andrés Manuel López Obrador tras las rejas.
Duarte tiene un problema aún más grave. Si esos recursos salieron de las cuentas de CAEV, no ingresaron a las cuentas que determinó el secretario de Finanzas, no regresaron y no se sabe su destino, entonces hay peculado. Y el gordobés debe pagar. Con recibo o sin recibo, hay delito.
Sirve el caso Winckler para arrancar caretas. Cuitláhuac García, pese a llamar “recluso” a Javier Duarte, es su mascota. Le sirve al ex gobernador y propicia el regreso del duartismo.
Apenas puso un pie en palacio de gobierno, en Xalapa, la escoria duartista salió de prisión. César del Ángel, el que apedreó a Miguel Ángel Yunes siendo gobernador electo, y con él al entonces líder nacional del PAN, luego candidato presidencial, Ricardo Anaya, y a quien era senador, Santiago Creel; Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas; Francisco Valencia, ex director de CAEV; Arturo Bermúdez Zurita, alias Capitán Tormenta, el siniestro ex secretario de Seguridad Pública; Gina Domínguez, la perversa vocera que ejercía la censura vía convenios de publicidad a medios de comunicación, y el ex fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, el célebre Fisculín.
Apoderado de la Fiscalía, una vez que la pandilla morenista usó a la Comisión Permanente para destituir a Winckler, Cuitláhuac García colocó a Verónica Hernández Giadáns, alias Juana Gallo, como fiscal carnala. Con ella llegan Marcela Aguilera, Enoc Maldonado, Manuel Fernández Olivares, alias “El Pampanito”, señalado en expedientes con los que juzga a narcos zetas y protegido del presidente del Poder Judicial de Veracruz, Edel Álvarez Peña, y otros más. Así, el duartismo regresa a procurar impunidad. Que los de Morena, pues, busquen hueso en otro rincón.
Locuaz, como es, Javier Duarte también amenaza. Apenas supo de la orden de aprehensión contra Jorge Winckler, desbloqueó en Twitter a la periodista Gabriela Rasgado, amiga personal del fiscal, y le soltó un siniestro “saludos cordiales”.
Así habló frente a la prensa, en Poza Rica, en junio de 2015. “Pórtense bien”, les dijo. “Se sacudirá el árbol y caer manzanas podridas”, agregó. Y apuntó que algunos servían al crimen organizado.
Un mes después, Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, Cuartoscuro y AVC, fue asesinado en la ciudad de México donde se exilió por los amagos y el asedio de los esbirros de Javier Duarte.
Sabiendo cómo es, Gaby Rasgado está en riesgo grave. Cuando Duarte ríe, el periodista muere.
Duarte y Cuitláhuac viven un idilio político. Los flechó el caso Winckler, la embestida a Yunes, el asedio al fiscal, la persecución, la red legaloide con órdenes de aprehensión que surgen de denuncias ya juzgadas y desechadas.
Duarte delira por venganza. Cuitláhuac acata y cumple el acuerdo, el amasiato con Duarte, el pago de votos, la operación electoral, el duartismo convertido en pieza de Obrador, el asalto a la ley.
El móvil no es la justicia; el móvil es político. El reto es cumplirle a Javier Duarte.
Y Cuitláhuac está a los pies del Guasón.
